En mi columna "Derogar un disparate", del 5/11/2010, me hice eco de la desagradable sorpresa que produjo en la comunidad educativa la promulgación del DS Nº022-2010-ED, del 21 de octubre, que incorporaba al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa a las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención de Juntos (el 34% el total nacional).Todo ello pese a los innumerables informes sobre la inutilidad e inoperancia del piloto del modelo de municipalización de la educación propuesto por el Ministerio de Educación, expresados por el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales y Foro Educativo.
Los entendidos del mundillo intraministerial comentan que el propio ministro de Educación no estaba muy cómodo con este decreto, pero que políticamente no le era cómodo derogarlo. ¿Qué hacer entonces? El MEF dio la respuesta a través de la Ley del Presupuesto de la República para el año fiscal 2011 (30/11/2010). En su Quinta Disposición Complementaria Final dice lo siguiente: "Dispónese la evaluación independiente de la implementación del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa en las 35 municipalidades incorporadas en dicho plan. Dicha evaluación, cuya conducción estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación, se realiza siguiendo los criterios de las evaluaciones independientes del presupuesto por resultados. La continuación de la implementación del citado plan piloto durante los años fiscales subsiguientes está sujeta a la referida evaluación".
Con ello, la Ley de Presupuesto (posterior y de mayor jerarquía que el Decreto Supremo 022) le pone un candado a la disparatada municipalización de la educación porque obliga al Ministerio de Educación a tener el visto bueno del MEF, el cual a su vez dependerá de una evaluación autónoma externa (como todas aquellas que dicen que el piloto no sirve), que será requisito para seguir adelante.
Pregunto: si el Ministerio de Educación se ocupa de la educación, ¿no hubiera sido más ético y educativo reconocer el error y derogar el decreto supremo por propia voluntad en lugar de sacarle la vuelta por la puerta trasera?
Fuente: Correo
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