La impunidad a lo largo de la historia, continúa siendo una herramienta eficaz para perpetuar todo sistema de represión y de dominación. Una práctica dirigida de forma natural, por quienes asumen el poder del Estado, así como el encubrimiento de los crímenes perpetrados a todo reclamo del pueblo, garantizando el ejercicio indiscriminado de la violencia, y por lo tanto, de quienes, al igual de sus cómplices, lo ejecutan.
Esa misma amenaza que nos flagela la memoria y la vida, es reflejada una vez más a través de los decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, este último derogado debido a la presión nacional e internacional, promulgados por el Ejecutivo, (el 1 de setiembre) de aplicación para las normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, aprobados sin votos ni consultas de los ciudadanos ni los afectados por esos crímenes, con la delegación de facultades legislativas por parte de la Ley Nº 29548.
En dichos decretos se pretende adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) que por maniobra del Ejecutivo se incluye una serie de previsiones propias que no existen en dicho código y un reemplazo de medidas preventivas o preliminares que favorecen al procesado militar o policial frente a los civiles. Así como lo determina el antiguo Código Procesal Penal que establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.
Muestra del avasallamiento por parte del estado, atreves de los decretos, es que ahora sólo se pretende considerar (de todos los) crímenes a los Derechos Humanos, a aquellos delitos que se cometieron después del año 2003. Y que estos tengan plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal. Buscando el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de lesa humanidad.
La idiosincrasia del gobierno Aprista que ha concebido la legislación exclusiva para los procesos y condenas contra la cantidad de agentes del Estado, entre militares y policiales implicados por perpetrar violaciones a los derechos humanos. Otorga también la oportunidad a las FF.AA. y agentes de seguridad del Estado de encubrir a sus miembros en retiro o activos, impidiendo la investigación de los casos y favoreciéndolos, así, con el sobreseimiento (archivamiento) parcial, lo que básicamente asegura la impunidad. Este paquete de Decretos Legislativos que se empiezan a establecer, van contra las normas internacionales, ya establecidas y también contra la jurisprudencia del tribunal constitucional ya sentada en nuestro país.
El conjunto de decretos legislativos nace por iniciativa de aquel sector de la derecha reaccionaria que necesita la impunidad para sobrevivir, demostrando una vez más la alianza APRA-Fujimorista, los cuales se han valido del poder del Estado no sólo para continuar la repartija de nuestros recursos naturales para saciar la voracidad de ellos y de sus amos, sin importar el costo humano; sino también, buscan decretar una nueva ley de amnistía en casos de violación de los derechos humanos, que estarían dirigidos a beneficiar directamente a genocidas como Alan García y su vicepresidente Luis Giampietri, responsables de masacrar presos políticos en los penales del país, durante tu primer gobierno (85-90), así como la creación del grupo paramilitar Rodrigo Franco, autores de aniquilamientos selectivos a cuanto opositor se presentaba a sus normas de gobierno y Alberto Fujimori e incluso al el ex agente de la CIA, Vladimiro Montesinos e integrantes del criminal Grupo Colina, investigados y responsables de los asesinatos más conocidos como los de la Cantuta, Barrios Altos y otros asesinatos a sindicalistas, estudiantes y campesinos (1990-2001).
El significado de estos decretos y en particular el DL.1097 redactados por el Ministerio de Defensa, en la persona de su entonces titular, Rafael Rey, asesorado y coludido por los abogados fujimoristas César Nakazaki, Sergio Tapia (abogado de Giampietri y los procesados por la matanza de El Frontón) y Rolando Sousa, legislador fujimorista (presidente de la Comisión de Justicia del Congreso) y por último aceptado y firmado por Alan García, plantea que a todos los acusados por las graves violaciones de derechos humanos durante 1980 y 2003, serán considerados como delitos comunes y, por lo tanto, están sujetos a plazos de prescripción, permitiendo que se archiven sus procesos penales si las investigación se excedan por más de 3 años.
Bajo el argumento de que los imputados han pasado demasiados años bajo proceso penal sin tener condena, dispone que los mandatos de detención contra agentes militares y policías procesados podrán ser prescritos, permitiéndoles seguir sus juicios en libertad y conseguir eximirse de toda responsabilidad con el pasar del tiempo.
Eso sin eludir que la demora existente en varios casos de los verdugos del pueblo, no sería únicamente solucionada por el DL 1097, debido a que los problemas también están en otro lado: Dilaciones en la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial corrupto, recursos de defensa tácticamente alargados por parte de los abogados de criminales, documentos del Ministerio de Defensa que nunca son entregados por conveniencia y la falta de dedicación mínima de los jueces supuestamente especializados a estos casos.
Acometiendo burdamente borrar gran parte de los atroces crímenes por el genocidio de Estado, que bajo la excusa de pacificar al Perú y su lucha contra la subversión les sirvió para implantar regímenes en los cuales se cometieron matanzas, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, destierros y violaciones sexuales en localidades poco desconocidas antes de la década de los 80’, como en Putis, Accomarca, Chuschi, Uchuraccay, Pucayacu, Toto y Vinchos, por mencionar algunos lugares dónde los propios comuneros hacían sus denuncias a consecuencia de la barbarie y los atentados contra ellos mismos que se producían por parte de agentes del Estado, militares y policiales que atropellaron a mansalva “a todo sospechoso de ser terruco” en defensa del orden público burgués.
Sin embargo pese a que el DL 1097 ha sido derogado, esto no significa que el gobierno haya dado marcha atrás en su pretensión de generar las condiciones para una amnistía a los genocidas. Los Decretos Legislativos vistos en conjunto, brindan una propuesta bien estructurada para promover mecanismos de impunidad tanto para conductas del pasado, como del futuro. Para el pasado proponen la prescripción y el exceso en el plazo de investigación. Por uno u otro medio, los acusados buscarán el cierre de sus procesos. Para el presente y el futuro, se buscarían proyecto de reforma constitucional y legal con tendencia a la represión y la impunidad, procesamientos judiciales, hasta amparos y complicidad activa en cuanto al accionar de grupos paramilitares por parte del estado y las fuerzas armadas.
Esa misma amenaza estatal se muestra en el DL 1095, que respalda la inmediata intervención de la PNP o las FFAA, con la brutalidad de siempre, pero ahora con consentimiento libre del uso de armas de fuego por el control de las protestas sociales, cometiendo más asesinatos. Agudizándose sistemáticamente contra los que luchan por mejorar sus condiciones de vida, y salen a las calles a tomar lo que por derecho les pertenece, especialmente si están organizados, considerándolos como “grupo hostil” al cual hay que desbaratar.
A la intensificación de la criminalización de la protesta popular y lo vulnerado que resulte cualquier idea que resguarde el respeto a los derechos humanos, hay que sumarles que ahora los homicidios a civiles, que se cometan en nombre de la orden pública y protección a la propiedad privada, se sancionarán como simple delito de “abuso de autoridad”; y en el caso de que se sancionen, ya no serán juzgados por tribunales civiles, ahora se juzgarán en toda su amplitud del fuero de privilegio y refugio de la justicia militar. Es decir se juzgarán así mismo, el ejército puede proteger a sus encausados, tal como lo determina el DL 1094.
A esto se le complementa el DL1096 que modifica artículos de la Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. Formando parte del respaldo legal para la reestructuración de dicho fuero para permitir que militares en actividad juzguen a sus propios compañeros por los asesinatos que estos mismos cometan. La aplicación de dicho decreto es a todas luces improcedente, ya que distingue en la jurisdicción civil a la de militares y policías, contraviniendo con el Corte Internacional de Derechos Humanos.
Es necesario recordar que no es el primer intento y no será el último, de generar normas de amnistía para los enemigos del pueblo. Ejemplo de ello es la indulgencia autoproclamada por el fujimorismo en 1995. Aquella que fue rechazada por un gran sector de la sociedad y eventualmente declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, permitiendo sólo un corto avance en los procesos judiciales, pero que no alcanzo a todos los culpables, por las graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Ahora no es causa de asombro que luego de esta embestida pro impunidad, el ex Ministro de Defensa, principal impulsor de estas medidas, se retire del gabinete con la misión cumplida y se hagan cambios ministeriales conformando uno nuevo. Pues eso es previsible en el execrable gobierno Aprista, marcado por la corrupción y el escándalo, después de mostrar su verdadero rostro autoritario, anti popular y criminal. Así Como ocurrió con Jorge del Castillo con el caso Petroaudios y Yehude Simon, con la masacre en Bagua.
El intento por dejar esta ley infame y tan violatoria, que vulnera todo respeto hacia la vida y que solo ocasiona avivar el sufrimiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la violencia militar y paramilitar. Mermando la posibilidad de verdadera justicia en sus casos, un derecho negado sistemáticamente hace años por estructuras de la arbitrariedad construido, también con alevosía, desde las más altas esferas del poder.
El problema no es si se llega a derogar o no los decretos, sino a quienes les sirve y contra quienes atenta. Lo que viene transcurriendo nos muestra que en democracia representativa, la burguesía siempre moverá los hilos de la política para favorecer a su clase. Es así que siempre serán los que proponer la amnistía y su justicia contra el derecho de los demás, y allí está el asunto de fondo. Existirán intereses poderosos por mantener la violencia y la impunidad a toda costa contra los de abajo y que en este sistema donde reina la dominación, corrupción, la impunidad y donde se impone la iniquidad de los poderosos, siervos pérfidos del capitalismo por mantener la comodidad de los privilegios que el poder les otorga, no hay lugar para los indigentes del mundo ya que somos los contendores históricos de esa clase que se beneficia y mantiene del trabajo de otros.
Sabemos que desde el gobierno siempre se permitirá que se derrame sangre para imponer y preservar los modelos económicos y sociales que se basan en la exclusión y sometimiento de las grandes mayorías empobrecidas y que el sacrificio vendrá por quienes reclamen y luchen por un nuevo ordenamiento social justo e igualitario. Y que por más que los de arriba siempre intentan criminalizar la protesta y resistencia, nosotros propondremos la horizontalidad en todo organización y lucha para conseguir las respuestas en defensa de la humanidad y contra el capitalismo sin intermediarios, con solidaridad activa y de clase con los pueblos que luchan por su bienestar y libertad.
Aquella libertad y justicia que no existirán si continúa la sociedad basada en explotación y opresión. La libertad y la justicia no existen si hay miles de personas que mueren de hambre y de miseria. La justicia no existe si los pueblos son despojados de sus territorios por la extensión del capital. La libertad y verdadera justicia social no existe, sino hay una reconquista de los sueños y búsqueda comprometida por hacerlos realidad, y que el socialismo es con libertad o no es.
Fabián Arévalos - USL Lima
Publicado por uslperu en 14:38
Esa misma amenaza que nos flagela la memoria y la vida, es reflejada una vez más a través de los decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, este último derogado debido a la presión nacional e internacional, promulgados por el Ejecutivo, (el 1 de setiembre) de aplicación para las normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, aprobados sin votos ni consultas de los ciudadanos ni los afectados por esos crímenes, con la delegación de facultades legislativas por parte de la Ley Nº 29548.
En dichos decretos se pretende adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) que por maniobra del Ejecutivo se incluye una serie de previsiones propias que no existen en dicho código y un reemplazo de medidas preventivas o preliminares que favorecen al procesado militar o policial frente a los civiles. Así como lo determina el antiguo Código Procesal Penal que establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.
Muestra del avasallamiento por parte del estado, atreves de los decretos, es que ahora sólo se pretende considerar (de todos los) crímenes a los Derechos Humanos, a aquellos delitos que se cometieron después del año 2003. Y que estos tengan plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal. Buscando el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de lesa humanidad.
La idiosincrasia del gobierno Aprista que ha concebido la legislación exclusiva para los procesos y condenas contra la cantidad de agentes del Estado, entre militares y policiales implicados por perpetrar violaciones a los derechos humanos. Otorga también la oportunidad a las FF.AA. y agentes de seguridad del Estado de encubrir a sus miembros en retiro o activos, impidiendo la investigación de los casos y favoreciéndolos, así, con el sobreseimiento (archivamiento) parcial, lo que básicamente asegura la impunidad. Este paquete de Decretos Legislativos que se empiezan a establecer, van contra las normas internacionales, ya establecidas y también contra la jurisprudencia del tribunal constitucional ya sentada en nuestro país.
El conjunto de decretos legislativos nace por iniciativa de aquel sector de la derecha reaccionaria que necesita la impunidad para sobrevivir, demostrando una vez más la alianza APRA-Fujimorista, los cuales se han valido del poder del Estado no sólo para continuar la repartija de nuestros recursos naturales para saciar la voracidad de ellos y de sus amos, sin importar el costo humano; sino también, buscan decretar una nueva ley de amnistía en casos de violación de los derechos humanos, que estarían dirigidos a beneficiar directamente a genocidas como Alan García y su vicepresidente Luis Giampietri, responsables de masacrar presos políticos en los penales del país, durante tu primer gobierno (85-90), así como la creación del grupo paramilitar Rodrigo Franco, autores de aniquilamientos selectivos a cuanto opositor se presentaba a sus normas de gobierno y Alberto Fujimori e incluso al el ex agente de la CIA, Vladimiro Montesinos e integrantes del criminal Grupo Colina, investigados y responsables de los asesinatos más conocidos como los de la Cantuta, Barrios Altos y otros asesinatos a sindicalistas, estudiantes y campesinos (1990-2001).
El significado de estos decretos y en particular el DL.1097 redactados por el Ministerio de Defensa, en la persona de su entonces titular, Rafael Rey, asesorado y coludido por los abogados fujimoristas César Nakazaki, Sergio Tapia (abogado de Giampietri y los procesados por la matanza de El Frontón) y Rolando Sousa, legislador fujimorista (presidente de la Comisión de Justicia del Congreso) y por último aceptado y firmado por Alan García, plantea que a todos los acusados por las graves violaciones de derechos humanos durante 1980 y 2003, serán considerados como delitos comunes y, por lo tanto, están sujetos a plazos de prescripción, permitiendo que se archiven sus procesos penales si las investigación se excedan por más de 3 años.
Bajo el argumento de que los imputados han pasado demasiados años bajo proceso penal sin tener condena, dispone que los mandatos de detención contra agentes militares y policías procesados podrán ser prescritos, permitiéndoles seguir sus juicios en libertad y conseguir eximirse de toda responsabilidad con el pasar del tiempo.
Eso sin eludir que la demora existente en varios casos de los verdugos del pueblo, no sería únicamente solucionada por el DL 1097, debido a que los problemas también están en otro lado: Dilaciones en la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial corrupto, recursos de defensa tácticamente alargados por parte de los abogados de criminales, documentos del Ministerio de Defensa que nunca son entregados por conveniencia y la falta de dedicación mínima de los jueces supuestamente especializados a estos casos.
Acometiendo burdamente borrar gran parte de los atroces crímenes por el genocidio de Estado, que bajo la excusa de pacificar al Perú y su lucha contra la subversión les sirvió para implantar regímenes en los cuales se cometieron matanzas, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, destierros y violaciones sexuales en localidades poco desconocidas antes de la década de los 80’, como en Putis, Accomarca, Chuschi, Uchuraccay, Pucayacu, Toto y Vinchos, por mencionar algunos lugares dónde los propios comuneros hacían sus denuncias a consecuencia de la barbarie y los atentados contra ellos mismos que se producían por parte de agentes del Estado, militares y policiales que atropellaron a mansalva “a todo sospechoso de ser terruco” en defensa del orden público burgués.
Sin embargo pese a que el DL 1097 ha sido derogado, esto no significa que el gobierno haya dado marcha atrás en su pretensión de generar las condiciones para una amnistía a los genocidas. Los Decretos Legislativos vistos en conjunto, brindan una propuesta bien estructurada para promover mecanismos de impunidad tanto para conductas del pasado, como del futuro. Para el pasado proponen la prescripción y el exceso en el plazo de investigación. Por uno u otro medio, los acusados buscarán el cierre de sus procesos. Para el presente y el futuro, se buscarían proyecto de reforma constitucional y legal con tendencia a la represión y la impunidad, procesamientos judiciales, hasta amparos y complicidad activa en cuanto al accionar de grupos paramilitares por parte del estado y las fuerzas armadas.
Esa misma amenaza estatal se muestra en el DL 1095, que respalda la inmediata intervención de la PNP o las FFAA, con la brutalidad de siempre, pero ahora con consentimiento libre del uso de armas de fuego por el control de las protestas sociales, cometiendo más asesinatos. Agudizándose sistemáticamente contra los que luchan por mejorar sus condiciones de vida, y salen a las calles a tomar lo que por derecho les pertenece, especialmente si están organizados, considerándolos como “grupo hostil” al cual hay que desbaratar.
A la intensificación de la criminalización de la protesta popular y lo vulnerado que resulte cualquier idea que resguarde el respeto a los derechos humanos, hay que sumarles que ahora los homicidios a civiles, que se cometan en nombre de la orden pública y protección a la propiedad privada, se sancionarán como simple delito de “abuso de autoridad”; y en el caso de que se sancionen, ya no serán juzgados por tribunales civiles, ahora se juzgarán en toda su amplitud del fuero de privilegio y refugio de la justicia militar. Es decir se juzgarán así mismo, el ejército puede proteger a sus encausados, tal como lo determina el DL 1094.
A esto se le complementa el DL1096 que modifica artículos de la Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. Formando parte del respaldo legal para la reestructuración de dicho fuero para permitir que militares en actividad juzguen a sus propios compañeros por los asesinatos que estos mismos cometan. La aplicación de dicho decreto es a todas luces improcedente, ya que distingue en la jurisdicción civil a la de militares y policías, contraviniendo con el Corte Internacional de Derechos Humanos.
Es necesario recordar que no es el primer intento y no será el último, de generar normas de amnistía para los enemigos del pueblo. Ejemplo de ello es la indulgencia autoproclamada por el fujimorismo en 1995. Aquella que fue rechazada por un gran sector de la sociedad y eventualmente declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, permitiendo sólo un corto avance en los procesos judiciales, pero que no alcanzo a todos los culpables, por las graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Ahora no es causa de asombro que luego de esta embestida pro impunidad, el ex Ministro de Defensa, principal impulsor de estas medidas, se retire del gabinete con la misión cumplida y se hagan cambios ministeriales conformando uno nuevo. Pues eso es previsible en el execrable gobierno Aprista, marcado por la corrupción y el escándalo, después de mostrar su verdadero rostro autoritario, anti popular y criminal. Así Como ocurrió con Jorge del Castillo con el caso Petroaudios y Yehude Simon, con la masacre en Bagua.
El intento por dejar esta ley infame y tan violatoria, que vulnera todo respeto hacia la vida y que solo ocasiona avivar el sufrimiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la violencia militar y paramilitar. Mermando la posibilidad de verdadera justicia en sus casos, un derecho negado sistemáticamente hace años por estructuras de la arbitrariedad construido, también con alevosía, desde las más altas esferas del poder.
El problema no es si se llega a derogar o no los decretos, sino a quienes les sirve y contra quienes atenta. Lo que viene transcurriendo nos muestra que en democracia representativa, la burguesía siempre moverá los hilos de la política para favorecer a su clase. Es así que siempre serán los que proponer la amnistía y su justicia contra el derecho de los demás, y allí está el asunto de fondo. Existirán intereses poderosos por mantener la violencia y la impunidad a toda costa contra los de abajo y que en este sistema donde reina la dominación, corrupción, la impunidad y donde se impone la iniquidad de los poderosos, siervos pérfidos del capitalismo por mantener la comodidad de los privilegios que el poder les otorga, no hay lugar para los indigentes del mundo ya que somos los contendores históricos de esa clase que se beneficia y mantiene del trabajo de otros.
Sabemos que desde el gobierno siempre se permitirá que se derrame sangre para imponer y preservar los modelos económicos y sociales que se basan en la exclusión y sometimiento de las grandes mayorías empobrecidas y que el sacrificio vendrá por quienes reclamen y luchen por un nuevo ordenamiento social justo e igualitario. Y que por más que los de arriba siempre intentan criminalizar la protesta y resistencia, nosotros propondremos la horizontalidad en todo organización y lucha para conseguir las respuestas en defensa de la humanidad y contra el capitalismo sin intermediarios, con solidaridad activa y de clase con los pueblos que luchan por su bienestar y libertad.
Aquella libertad y justicia que no existirán si continúa la sociedad basada en explotación y opresión. La libertad y la justicia no existen si hay miles de personas que mueren de hambre y de miseria. La justicia no existe si los pueblos son despojados de sus territorios por la extensión del capital. La libertad y verdadera justicia social no existe, sino hay una reconquista de los sueños y búsqueda comprometida por hacerlos realidad, y que el socialismo es con libertad o no es.
Fabián Arévalos - USL Lima
Publicado por uslperu en 14:38
