No más perro muerto

Para que ningun gobierno más se atreva a repetirlo
Por Federico Salazar
“No se puede pagar a los fonavistas porque eso causaría un aumento de impuestos”. Ésta es, más o menos, la posición del presidente Alan García sobre el referéndum al que se someterá el caso del Fonavi el 3 de octubre.
El argumento es absurdo. No se puede resolver un tema de derecho con una razón de economía. El Dr. García esgrimió este tipo de “razones” frente al Fondo Monetario Internacional en su gobierno anterior: era la tesis del perro muerto. Fue una barbaridad, y un desastre.
Los fonavistas no son distintos a los acreedores internacionales. Hay que cumplir con ellos, si la deuda que reclaman es justa y legal. Y es justa y legal.
El Fonavi no debió existir, pero existió. El gobierno de Fujimori no debió tomar sus recursos para hacer obras distintas a las estipuladas. Eso fue malversación.
Los fonavistas aportaron a un fondo y el gobierno tomó ilegalmente ese fondo para hacer otras cosas. Se benefició con ello a no aportantes, con lo cual se consagró el robo. A lo Robin Hood, pero robo al fin.
Los fondos desaparecieron. Desaparecieron también los documentos que acreditaban las contribuciones. Las dificultades para identificar a los aportantes, sin embargo, no pueden ser un argumento para negar la devolución.
Los fonavistas deben probar los descuentos que se les hicieron. Una vez probados, se debe pagar. Como ha dicho Pedro Pablo Kuczynski ayer en La República, sí se puede pagar, de distintas maneras.
El proyecto de ley sobre el cual vamos a votar establece distintas modalidades. No sólo se contempla devolución en efectivo, sino también bonos, compensaciones tributarias, viviendas, terrenos, entre otros.
En este esquema deberían agregarse los activos del Estado. Si tomas mi dinero y te compras una casa, te quitan la casa. ¿Por qué sería distinto el caso con los fonavistas y el gobierno ladrón?
El gobierno tiene en su poder muchas empresas, cuyas acciones puede entregar. Se puede combinar acciones de capitalistas nuevos y acreedores fonavistas. Los fonavistas pasarían, así, a ser dueños de Petroperú, por ejemplo.
Lo principal es reconocer el robo. El gobierno tiene que establecer la forma de determinar el monto de lo robado. Se habla de cifras que van desde 5 mil hasta 100 mil millones de soles.

Se debe determinar, además, la manera de formalizar el reclamo, para que no haya vivos en la lista de acreedores. Para que no haya más robo. Todo eso tiene que hacer el gobierno, antes de crear cucos y fantasmas para asustar a los votantes del referéndum sobre el Fonavi.
No debemos aceptar más la política del perro muerto.